Texaco no podía hacer lo que se le daba la gana: César Verduga.

 

Texaco no podía hacer lo que se le de la gana: César Verduga.

Hernán Rodríguez Girón.

QUITO, Ecuador (23/12/89).- César Verduga Vélez, Ministro de Trabajo del Gobierno de Rodrigo Borja Cevallos, desde el año 1998, organizó una conferencia de prensa con los medios de comunicación de todo el país, para responder a preguntas sobre la erradicación del desempleo, los menores de edad y el trabajo, la integración regional y la intervención a la infraestructura petrolera de la compañía norteamericana Texaco en Ecuador.

El evento se realizó el miércoles 20 de diciembre de 1989 en el Salón Auditorio del Centro de Capacitación de INECEL en Quito, durante todo el día. La primera acción del ministro, que es ya una costumbre de todos los funcionarios de alto rango del gobierno de Borja, fue declarar a la cita como “informal”, rompiendo así con el protocolo con los representantes de los medios, que tuvieron la libertad de hacer todo tipo de preguntas. Acompañaban al secretario de Trabajo los subsecretarios y subdirectores provinciales. Según el enfoque de Verduga, el principal rol del ministerio a su cargo es cuidar de la paz social del país, factor fundamental hacia el “pago de la deuda social”, por eso este ente burocrático cumple el papel árbitro entre empleadores y trabajadores, sin excluir a los sub empleados que son parte de la fuerza laboral nacional.

Para cumplir con el rol descrito se han implementado políticas públicas para atender temas como empleo y salario, calidad de vida, administración laboral, formación profesional por intermedio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y relaciones internacionales desde el ámbito del trabajo. 

Algunas “perlas cultivadas” destacan de la reunión con el ministro Verduga; por ejemplo, durante el almuerzo con los periodistas comentó que la invasión de Estados Unidos a Panamá es “un error” y un acontecimiento con el que “hay que estar en total desacuerdo”. Como sus declaraciones las hace a título personal, reclamó que sean tomadas como “off the record”. En efecto, a la 01:00 del pasado miércoles 20 de diciembre de 1989, EEUU inició la operación “Causa Justa”, que sorprendió al mundo, con el propósito de derrocar al general Manuel Antonio Noriega, acusado por los norteamericanos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. 26.000 soldados estadounidenses participaron en la acción militar y durante tres días se han enfrentado a las Fuerzas de Defensa de Panamá, que cuentan con 12.000 efectivos. Las noticias que llegan desde ese país son caóticas y por el momento, el principal objetivo, el general Noriega, ha logrado escapar.

Repitiendo un estilo de comportamiento del actual gobierno frente a los medios, Verduga llegó atrasado a la conferencia de prensa. El subdirector de trabajo del Austro, Diego López, hizo público su talento escondido y durante el buffet interpretó algunas canciones, para amenizar el encuentro. Por otra parte, declaraciones de prensa de un homónimo del ministro, realizadas a un periódico guayaquileño, estuvieron a punto de causar un incidente diplomático internacional. El ministro Verduga Vélez tuvo que desmentirlas, porque la diplomacia peruana pensaba que era él, como hombre fuerte de Borja, quien habría expresado su desacuerdo con la visita histórica del presidente Alan García al Ecuador, el pasado mes de noviembre de 1989. Con la oportuna intervención, el incidente no escaló en gravedad. Alan García asistió junto a otros presidentes latinoamericanos a la Cumbre de Galápagos, en Santa Cruz, hecho histórico e hito en las relaciones internacionales entre ambos países, porque fue la primera vez que un presidente peruano visitaba oficialmente Ecuador en 160 años, desde la guerra de 1829. Sin embargo, muchas personas no han visto con agrado este gesto de buena voluntad.

Se abrió una ronda de preguntas, para que el ministro César Verduga tena la oportunidad de aclarar la posición oficial del Ministerio de Trabajo frente a algunos temas:

Objetivo ambicioso: erradicar el desempleo.

¿Qué política pública para el fomento del empleo pleno está implementado el gobierno al que usted representa?

En la práctica hemos estado trabajando todo el año 1989, para la implementación del Sistema de Empleo Emergente (SEE), el Plan de Capacitación Popular y la ejecución del Programa UNEPROM. Estas tres iniciativas han sido encaminadas correctamente y para 1990 el SEE contará con recursos. El Programa de Trabajo arranca el próximo año, pero aún no se define si durará todo el período de gobierno.

¿Qué puede anunciarle al país con respecto al ajuste de salarios?.

Tenemos un desafío en el sector salarios, que es aumentar la cobertura de las comisiones sectoriales. Esto es, que existan más trabajadores bajo la protección de las comisiones tripartitas. Al mismo tiempo, queremos reducir el número de comisiones. Añadir el componente de un trabajo técnico, con fundamentos, Comisiones que abarquen a más ramas de la economía e integren a más trabajadores.

¿Qué políticas laborales se han diseñado e implementado para erradicar el desempleo?.

Yo no hablaría de “erradicar el desempleo” porque es un objetivo demasiado ambicioso. Lo que si podemos alcanzar en este período es su reducción. Cada año se incorporan al mercado de trabajo nacional unos 70.000 jóvenes. Solo podemos evitar y prevenir que el ritmo del desempleo no crezca en los porcentajes que creció en años anteriores. Eso es muy importante. Para eso están los programas emergentes, el de apoyo a los microempresarios y el Plan de Capacitación Popular. Hay dos proyectos de ley en manos del Congreso, primero está la reforma a la Ley de Defensa del Artesano y el Trabajo Compartido o de ocupación temporal a tiempo parcial.

EMPLEO DE MENORES: MORALMENTE INACEPTABLE.

¿Existen disposiciones legales en algún código que regulen el trabajo de menores?.

Cuando llegué al Ministerio de Trabajo me opuse a que este continúe participando del Programa del Muchacho Trabajador (PMT). Me parece inadmisibles que los menores de edad tengan que trabajar. Pero después, tuve que entender que sea de mi gusto o no, es una lacerante realidad social. La Organización Mundial del Trabajo (OMT) tiene una convención sobre este fenómeno, que me ha sorprendido. No se aceptará jamás el hecho de que los menores de edad tengan que trabajar. Si existen programas sociales para el muchacho trabajador, está dando el mensaje que el problema se enfrenta con auxilio, ayuda y asistencialismo. Si se llegara a emitir un código de ley para enfrentar el problema, estará enviando el mensaje de que la sociedad en su conjunto pretende institucionalizar el trabajo de los menores de edad. A mí, desde los puntos de vista moral y político, me parece algo inaceptable.

¿Cuántos de los 100 objetivos o puntos propuestos por usted para el Ministerio de Trabajo se han cumplido?.

Creo que todos, unos más que otros. Tienen distintos ritmos de aplicación. Pero es evidente que el nuevo estilo de administración y resolución de conflictos laborales es el que se ha desarrollado a plenitud, pero siempre se puede hacer más. Y la prueba de este desarrollo pleno es la reducción de los conflictos, que es sustancial. Los nuevos mecanismos que pusimos en marcha nos permitieron cumplir a plenitud con las metas propuestas: énfasis en la mediación, reforzamiento de la prevención, recuperación de la confianza. Eso no significa que estemos satisfechos. Mantengo reuniones con los funcionarios del ministerio, a veces una vez al mes, a veces cada 15 días y revisamos los conflictos uno por uno.

LA INTEGRACIÓN REGIONAL DESATARÁ A LAS FUERZAS PRODUCTIVAS.

¿Opina que la integración andina dirige al país hacia una flexibilización de la leyes laborales y una reducción de la manufactura a gran escala?, ¿considera que nuestro país está listo para que sus industrias mejoren la calidad reduciendo la producción estandarizada?.

Las fuerzas que desatan los procesos de integración no son medibles. España tomó la decisión audaz de integrarse al Mercado Común Europeo, a pesar de las diferencias notables de productividad de su economía con las de otros países miembros. La decisión política tomada está modernizando a España, por supuesto con problemas. Sin embargo, es el país que más crece económicamente en Europa. Tiene sectores productivos muy golpeados por esta súbita integración, pero otros están creciendo. Por eso digo que la integración desata fuerzas que no podemos prever. Así también pasa con nuestro país en relación con los países vecinos.

¿Qué diferencia existe entre ustedes y el anterior gobierno de Febres Cordero, calificado como represivo, cuando recurren a romper huelgas de los trabajadores públicos y privados mediante el uso de la represión de la fuerza pública y declaran a ciertas empresas estatales como estratégicas, por lo tanto no hay como paralizarlas?.

El Gobierno Nacional se ha visto en la necesidad de aplicar a discreción el Decreto de Movilización Nacional para ciertos casos; como la huelga de los trabajadores de la Texaco y de los trabajadores de Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT). Par el caso de IETEL no fue necesario aplicarlo. Para el caso de ENPROVIT, era nuestro principal brazo ejecutor de la política nacional de ferias libres y no podíamos permitir que, por cuestiones ridículas, los consumidores de todo el país no puedan acceder a los productos de la canasta familiar a precios módicos, porque se iban a quedar sin ferias libres. Habría sido una irresponsabilidad de nuestra parte. El único instrumento en el marco de la Ley con el que contábamos era el Decreto de Movilización. Somos un gobierno democrático, de diálogo, pero tenemos muy claro que si hay algo que no se le perdona a la democracia es la ausencia de gobierno. Justo en el momento en que estábamos ganando la lucha contra la inflación a través de las ferias libres a nivel nacional, está se habría perdido por la actitud irresponsable de los trabajadores de ENPROVIT. Aplicamos a plena conciencia el Decreto para proteger a los consumidores ecuatorianos. Existe incluso el reclamo de los consumidores por el mal trato que recibían de la empresa. Los clientes de ENPROVIT denunciaron que no se les vendía arroz y azúcar si no compraban también aceite y jabón. Los trabajadores de la empresa, siendo empleados públicos, se comportaban como si fueran dueños de la tienda de la esquina.

LA INTERVENCIÓN EN TEXACO ES UN PROBLEMA LATENTE.

El 1 de octubre de 1989, el Estado ecuatoriano asumió por completo la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que hasta entonces era operado en parte por Texaco Petroleum Company de los Estados Unidos. Esta transferencia marca un momento clave en el proceso de nacionalización de la infraestructura petrolera del país. Aunque Texaco cedió el 50% de sus acciones en el SOTE al Estado en 1986, es este año de 1989 cuando la operación total del oleoducto pasa a manos ecuatorianas, consolidando el control estatal sobre una de las infraestructuras más estratégicas del país. Así se inicia también el retiro progresivo de Texaco del país.

¿Cuáles son los pormenores de la intervención en Texaco?.

La intervención en Texaco Petroleum Company es un problema latente, escondido, en vías de una solución. Resulta que tres días antes de la transferencia del SOTE a manos ecuatorianas, el 28 de septiembre de 1989, se declara una huelga por parte de los trabajadores de la Texaco, que tenían miedo de quedarse sin sus trabajos. Que técnicos ecuatorianos entren a operar al 100% el SOTE era un deseo compartido por muchos años por todos los sectores democráticos y progresistas del país. Si se permitía la paralización del SOTE, era la prueba que necesitaban Texaco y ciertos sectores retrógradas para demostrar que el Estado era incompetente para asumir el manejo de esta infraestructura estratégica. Apenas el Estado se hace cargo y ya se paralizan las exportaciones de petróleo. Es una situación inaceptable. Y esto está relacionado con otro tema. Nuestras leyes no contemplan el control del sindicalismo público, que obliga a los gobiernos democráticos a recurrir a los estados de excepción, que son un recurso heredado de las dictaduras. Si el Código de Trabajo, las normas complementarias que deben aprobarse, o las reformas al Artículo 125, fueran lo suficientemente claras, estas cosas no tendrían porqué ocurrir. Tampoco hay otros instrumentos legales punitivos que sean eficaces. El que está a la mano es el Decreto de Movilización, aunque sea dictatorial, antidemocrático.

¿Cuál es su análisis como ministro de Trabajo del conflicto laboral con los trabajadores de la Texaco?

Creo que una clarísima colusión entre los dirigentes de lo trabajadores y la Texaco Gulf Company, que no ha sido impugnada legalmente por ninguna entidad pública. No fue impugnada por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, no se nos podía impedir hacer lo que hicimos, sentenciar de acuerdo con las leyes laborales en el sentido de que el contrato colectivo existe y debe pagarse tal como está, porque esa fue la sentencia del Ministerio de Trabajo. Pero, ¿porqué la colusión o acuerdo ilícito entre dos o más partes para perjudicar a un tercero, en este caso el estado ecuatoriano?. El contrato colectivo se firma el 3 de agosto de 1988, por uno de los administradores del consorcio del SOTE que es Texaco, pero existe otro miembro del mencionado consorcio que es CEPE, que no firma y no estaba obligado a firmar. El operador era Texaco y no existe un solo documento que indique que oficialmente CEPE había aprobado el contrato colectivo. Pero, ¿qué pasa?, Texaco operaba y CEPE pagaba el contrato colectivo. Entonces tenemos un empleador bicéfalo. Según el convenio firmado por el gobierno anterior en 1988, Texaco operaba el oleoducto y los campos, cargando todos los gastos a costos. Se le garantizaba así a Texaco sus costos y una razonable utilidad, pudiendo aumentar los costos como le daba la gana. Es tan grave esta situación que el contrato colectivo se firma 7 días antes del cambio de gobierno y este apresuramiento llamó mucho mi atención, por lo que procedí a revisar detalladamente el contrato colectivo. Le advertí al ministro de Energía, Diego Tamariz, que se estaban creando graves problemas para el Estado. Que el contrato colectivo se firmó por parte de Texaco para evitar el traspaso del oleoducto a manos ecuatorianas. Para hacer tan costoso la administración del oleoducto por el contrato colectivo que simplemente sea un absurdo para el Estado hacerse cargo de él. Solo el pago de las utilidades planteadas en el contrato a los trabajadores del SOTE absorbe las ganancias de un año de operaciones del oleoducto. Era ridículo. Además, se introdujo una clausula en el contrato colectivo según la cual el cambio de operador equivalía a despido intempestivo, con indemnizaciones millonarias y desahucio. Por eso hablo de colusión.

El Mercurio, sábado 23 de diciembre de 1989, Reportaje, 3C.