Hay que poner la justicia en libertad

 

Por Hernán Rodríguez Girón.

CUENCA, Ecuador (03/01).- Carlos Suconota Carchipulla, luego de pasar un año en prisión cumpliendo una sentencia por sabotaje y terrorismo, está a punto de recuperar su libertad. Entró el Centro de Rehabilitación de Varones de Cuenca, la oscura casona que se ubicaba en la calle Padre Aguirre, entre Sangurima y Lamar, centro de Cuenca, el 31 de marzo del año 2000. Podría salir libre el mismo día, pero un año después, quien sabe si a la misma hora y en el mismo segundo.

La Corte Superior de Justicia del Azuay trata de enmendar en error hace un año, un mes de marzo, pero ya es tarde, se ganó un baldón, el mismo mes en que cumple y conmemora 179 años de acrisolada labor. Es más, Carchipulla estuvo en indefensión, solo frente a sus juzgadores, ya que el artículo 195 de la Constitución de los Cuarteles, la de 1998, prohíbe la publicidad o la información sobre los juicios, en concordancia con el Código Penal y contradiciendo el artículo 81 de la misma, que garantiza la Libertad de Expresión. También está en contradicción con la Declaración de Chapultepec, que fortalece la Libertad de Expresión, por eso se busca la reforma al artículo 195.

“Para castigar, por ejemplo, debemos aplicar únicamente el juicio de nuestra conciencia. Nunca sufrimos cuando castigamos porque creemos en ese castigo y tenemos absoluta confianza en nuestro juicio”, le decía el emperador eterno de Etiopía, rey por mandato divino, Hailé Selassie, en 1972 a la periodista italiana Oriana Fallaci, declaraciones para ese magnífico libro titulado “Entrevista con la historia”.

“El juez es él y su conciencia”, decía muy suelto de huesos un funcionario del Consejo de la Judicatura, al defender a un colega juez ante periodistas presentes en el seminario “Justicia, periodismo y democracia” realizado en el Hotel Presidente de Cuenca, también en marzo de 2001.

Son discursos desde el poder que tienen 29 años de distancia entre el uno y el otro y, sin embargo, como persisten los prejuicios, como los lugares comunes retoñan como la mala hierba, por la conciencia de varios jueces y su estricto apego al racionalismo de la exégesis, por su culto a la ley escrita, sin una pizca de humanidad y por esto Carlos Suconota pasó preso un año.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia enmienda el error, pero ¿quién le devuelve a un hombre de 65 años, ese año perdido tras las rejas?, ¿quién le devuelve su honra?, ¿quién aliviará su angustia sufrida entre los engranajes de la tortuosa administración de prisiones?, o es que la Corte de Azuay va a actuar como el comisario de la canción de Carlos Portela, “Un par de botas”: “¡Agente!. Vaya hasta la casa del detenido Nievas y devuélvale a la mujer esas botas, dígale... dígale que fue un error, que nos disculpe…”.

Oriundo del cantón Sígsig, casado, con hijos, Carlos Suconota era el guardián del dispensario médico del Seguro Social Campesino, trabajo por el que recibía un salario de 200.000 sucres. Suconota se presenta ante el tribunal tercero de lo penal de manera voluntaria, el día 31 de marzo de 2000, seguro de su inocencia. Fue detenido y de inmediato y encarcelado. Su audiencia de juzgamiento fue el 7 de abril del 2000 y recibió una sentencia rigurosa, 10 años de prisión, por sabotaje y terrorismo, Artículo 158 del código penal. Hay que decirlo con sorna, ni Vichinsky, el solícito fiscal de Stalin, se atrevió a tanto en la aplicación del famoso artículo 58 del Código Penal de la URSS para detener a personas sospechosas de actividades contrarevolucionarias.

Como si de la película Volver al Futuro se tratara, la odisea de Suconota comienza el 12 de agosto de 1998, cuando recibe la orden de Benjamín Shiminayencela, coordinar del Seguro Social Campesino, de soldar las puertas del dispensario médico, antes de que se vaya de vacaciones en peregrinación a la Virgen del Cisne. Su voluntad de trabajo y su devoción a la “Chronita” fueron su perdición. Suconota tenía recelo que, durante su ausencia, unos de los bandos en pugna del Seguro Social Campesino, destruya los equipos del dispensario, que por diferencias estaba cerrado desde el 1 de junio de 1998. Pero, tampoco quería falta a la peregrinación de la Madre de Dios. Contrató al mecánico Manuel Ignacio Romero y cumplió la orden superior de soldar las puertas del dispensario.

Una de las partes en conflicto, denuncia el hecho al comisario del cantón. El 20 de agosto, al enterarse que una comisión del Seguro Social Campesino de Quito, llegaba al Sígsig con la misión de reabrir el dispensario, el 28 de agosto, el director regional encargado del Seguro Social Campesino, Wilson Gómez, presenta una denuncia penal contra Shiminayencela, coordinador del Sígsig, ante el juez de lo penal de Gualaceo, Milton González, que emite el respectivo autocabeza de proceso y juzga a los implicados en ausencia. El poder siempre actúa rápido cuando le conviene. El 22 de septiembre de 1998, con una rapidez pasmosa, el sumario se hace extensivo a Suconota, ya que el mecánico Ignacio Romero, principal sindicado, había emigrado a los Estados Unidos.

Ya para el 10 de mayo de 1999, el llamamiento a juzgamiento plenario, del juez de lo penal de Gualaceo, Milton González Valdivieso, señala a Suconota como autor y responsable del delito tipificado en el artículo 158 del Código Penal, dictamen apoyado por el fiscal del cantón, por el fiscal provincial de lo penal, doctor Leonardo Amorozo Garzón, “que ratificaron plenamente el contenido de la sentencia y pide la aplicación del 158”. La respectiva apelación subió a la IV sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, que confirmó el auto de apertura al juicio plenario y se sorteó la causa para el 4 de noviembre de 1999 y recayó en el tercer tribunal de lo penal de Cuenca, para que emita la sentencia. Resultado, Suconota 10 años preso por sabotaje y terrorismo. Siempre juzgado en ausencia, ¿por qué?, ¿porqué, ¿por qué?..., solo, indefenso.

El escrito que reconstruye el proceder judicial se basa como fuente “en lo que consta en autos”, porque solo se puede escribir y hablar “de lo que consta en autos.” Los jueces en ningún momento se desviaron de la exégesis, no ponderaron ningún atenuante, como que Suconota cumplía orden superior, o que se presentó voluntariamente a ser juzgado, un hombre humilde. Se olvidaron de la ecuanimidad y de la equidad, por solo son ellos y su conciencia. Este sería un ejemplo de lo que otro distinguido miembro del Consejo de la Judicatura llamó “excepciones lamentables, porque la generalidad de los servidores judiciales procura cumplir con su deber, son unos seres imperfectos juzgando a otros seres imperfectos”. Que lindura, que sinvergüencería. Este es solo un ejemplo, uno de tantos, de una administración de justicia que vive en la época de la colonia, cuando el desarrollo de los derechos humanos, está más allá del Siglo XXI.

Los jueces no solo se deben a su conciencia, también deben rendirle cuentas a la sociedad que los nombró como tales. ¡Salud a la Corte Superior de Justicia de Cuenca!.