Azuay se encuentra en deuda con la transparencia

 

Por Hernán Rodríguez Girón

Publicado en Diario El Mercurio, el jueves 8 de diciembre de 2005, página 6A, Cuenca.

CUENCA, Ecuador (8/12/05).- El libre acceso a la información pública, mediante la promoción y la práctica de la transparencia por parte de las entidades públicas, es un derecho ciudadano garantizado por la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y su Reglamento, que están en vigencia, pero las instituciones del Estado no la acatan, ni cumplen sus disposiciones.

En el marco del informe conjunto más reciente de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo y Transparencia Internacional sobre el cumplimiento en el Ecuador de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en la prensa local, el Defensor del Pueblo del Azuay, Luis Urgilés, da su punto de vista sobre lo que está pasando en la provincia del Azuay con respecto al tema citado.

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la LOTAIP en el Azuay?

Con la LOTAIP, no solo el Azuay, sino el País están en mora. La Ley y su Reglamento están vigentes, pero todavía no se han implementado los mecanismos necesarios como para que todas las instituciones públicas pongan la información al servicio de la ciudadanía, al servicio de los verdaderos dueños de esa información. Los principios de la LOTAIP indican que la dueña de la información pública es la ciudadanía. Sí el Estado tiene la voluntad, con los principios de la Constitución y de la LOTAIP, de ir construyendo ciudadanía y transparencia, lo único que debe hacer es poner a las órdenes de los ecuatorianos la información que de por sí les pertenece. Pero, todavía no funcionan los organismos de control y, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo le corresponde, además del control que debe realizar, la difusión de la Ley mediante una gran labor. Un problema fundamental en el País es la falta de difusión y por lo tanto de conocimiento de las leyes por parte de los ciudadanos. Ni siquiera la Constitución de la Republica está suficientemente difundida, peor la Ley de Transparencia. Se están dando los primeros pasos para capacitar a los funcionarios de la Defensoría, como formadores de formadores; es decir, que sean a su vez capacitadores de grupos ciudadanos, para que todos tengan acceso y conozcan esta importantísima Ley.

¿Considera usted que fue un error encargarle a la Defensoría del Pueblo el control, la vigilancia y la difusión de la LOTAIP?

La Ley está vigente así, con estos roles asignados a la Defensoría y hay que asumirla como está. El problema a solucionar es el equipamiento de la Defensoría, para que ponga en marcha el cumplimiento de esta Ley tan importante, problema que debe tomarse con decisión y tiene que implementarse. Este momento no podemos quejarnos de la forma como fue dada la Ley. Posiblemente podía haber otro mecanismo de control, pero el que está dado es bueno. Lo importante es que las organizaciones de la sociedad civil, que están cerca de la Defensoría del Pueblo, tengan el suficiente apoyo para ir construyendo ciudadanía alrededor de la información pública, alrededor del contenido de la Ley y que presionen para su cumplimiento. Porque en el momento en que todas las instituciones públicas sientan que hay presión ciudadana comenzarán a generar información pública, en los términos que determina la Ley.

¿Qué se está haciendo a nivel local desde la Defensoría del Pueblo del Azuay?

Tres seminarios para difusión de la Ley, pero no existe todavía un departamento de la Defensoría que pida cuentas a la administración pública o que les diga a los municipios, a ver ¿dónde está la página web con la información pública que exige el Artículo 7 de la LOTAIP?, por ejemplo, o ¿dónde están estos elementos o estos datos?. Como la gente no conoce su derecho a la información, nadie tramita aquí en la Defensoría una petición de información a alguna institución pública; si de hecho solicitamos, se que las instituciones públicas nos van a dar esa información. Pero como la gente no conoce, o no siente la necesidad de pedir esta información, entonces no hemos recibido peticiones. No hemos tramitado ni un solo recurso de petición aquí. Menos hemos demandado un amparo por Ley de Transparencia ante un juez de lo civil.

¿Cree que la falta de difusión es por carencia de recursos?

Nosotros hemos hecho alguna difusión en coordinación con la Universidad de Cuenca y la Universidad del Azuay, en dos seminarios. También se hizo otro con Esquel y OFIS y alguna otra institución pública en una universidad cuencana. Otro seminario se hizo con la Escuela de Periodismo de la U de Cuenca y eso es todo. No tenemos todavía una disposición de la Defensoría del Pueblo de Quito sobre como vamos a controlar a las instituciones públicas para que implementen sus páginas web y pongan la información al servicio de la ciudadanía.

¿Qué podría pasar cuando la gente haga conciencia de que se puede hacer uso de un mecanismo mu poderoso, frente al temor de las autoridades de que se use la Ley solo para fastidiar?

Creo que si las autoridades ponen oportunamente la información al servicio del público no tienen porqué sentirse fastidiadas. Si alguien solicita solamente tienen que decir aquí está la información, tómenla y utilícenla en lo que necesiten. El tema de la transparencia va por el hecho echo de que nadie tiene nada que esconder en el sector público. Debería ser así. Ninguna autoridad debería esconder ni los viáticos que paga a sus funcionarios, ni los sueldos, contratos que realiza o las actividades que cumple. Ningún rubro tiene que esconderse, simplemente tienen que ponerse en el tapete y decir ahí está y cualquiera que lo necesite, que lo utilice. Se entiende que la ciudadanía, cuando quiera informarse de la marcha de la institución, del funcionamiento de sus unidades, de su presupuesto y todo lo demás, tendrá está información a sus órdenes y podrá utilizarla. Yo no creo que pueda convertirse en un motivo de fastidio, el echo de que a la autoridad se le pida información sobre sus actos. Pero si va a costar mucho hacer una costumbre esta transparencia y acceso a la información pública. Estamos acostumbrados a creer que la información que poseemos como funcionarios públicos es nuestra, nos pertenece y que no es del público. Los funcionarios públicos en general son celosos de ciertas informaciones que se producen, en los niveles donde ejercen el poder de la administración.

¿Cuenta con una página web la Defensoría del Pueblo del Azuay?

Debería tenerla y debería ser la primera institución que tiene en su página web todos los rubros establecidos por la Ley.

¿Qué alternativa está usando la Defensoría del Pueblo del Azuay para informar?

La página web es responsabilidad de la Defensoría del Pueblo de Pichincha, Quito. Desgraciadamente nosotros somos una institución todavía centralizada y el problema de las instituciones públicas del país es la centralización. Todo tiene que venir resuelto desde Quito. En la provincia del Azuay no tenemos ningún problema con la información pública, porque está siempre a las órdenes de las personas que la requieran, en lo que nosotros manejamos de información provincial. Pero, los rubros a los que se refiere el Art. 7 de la Ley, esos se manejan en Quito y allá tienen que ser solicitados. Entiendo que estos deben constar en la página web de la Defensoría.

¿Pero ese es un grave impedimento para la transparencia?

Sí, es un grave impedimento. Pero se puede solicitar la información a través de la Defensoría del Pueblo del Azuay y nosotros conseguimos la información. Ojalá que lo que respecta a nuestra institución se implemente lo más pronto y se transparente.

¿Qué experiencia tiene usted sobre el acceso a la información pública de la Municipalidad de Cuenca y el Consejo Provincial del Azuay?

Todos los reclamos que se han planteado a través de la Defensoría del Pueblos del Azuay a instituciones como la Municipalidad, ETAPA, la Empresa Eléctrica, a las empresas públicas proveedoras de servicios, no hemos tenido problema. Cuando los ciudadanos han pedido información a través de la Defensoría, la información siempre fue concedida.

¿Qué conocimiento tiene usted sobre la LOTAIP?

Tengo un conocimiento claro del contenido de la Ley, de los principios que defiende y los procedimientos establecidos, las responsabilidades de la Defensoría del Azua, los trámites como se tienen que dar, la forma de hacer reclamos, etc.

¿Qué mecanismos usa su institución para cumplir la LOTAIP?

A nivel interno, como Defensoría, no hemos tenido ningún problema con el acceso a la información pública. A nivel externo, hay una mayor participación, especialmente con respecto al control de los actos de la administración pública, en lo que tiene que ver con la Ley.