Gestión pública transparente gracias al control social

 

Por Hernán Rodríguez Girón

Publicado en Diario El Mercurio, el martes 27 de noviembre de 2005, Página 6A, Cuenca

CUENCA, Ecuador (22/10/05).- La participación ciudadana es la clave en la supervisión del manejo de los recursos públicos, es un mecanismo fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde lo local, se está elaborando una propuesta para la Municipalidad de Cuenca y el Consejo Provincial del Azuay, que contribuya a reducir el nivel de discrecionalidad de los funcionarios públicos, permita la implementación de políticas claras en la contratación de los recursos humanos y en la compra de suministros, bienes, servicios y consultorías.

María Pilar Vela, directora de Prevención de la Comisión Cívica para el Control de la Corrupción, durante 4 años y ahora facilitadora del proceso arriba señalado, explica qué es una veeduría, qué es el control social y lo que las cuencanas y cuencanos podrían lograr con un efectivo ejercicio de sus obligaciones y de sus derechos.

¿No existe aún una legislación para el control social?

Es un derecho garantizado en la Constitución, a título personal todo ciudadano puede ejercer control sobre la función pública. La Comisión Anticorrupción impulsó una iniciativa que vela por este derecho, hasta que esta veeduría inicial fue tomando fuerza y regulando el funcionamiento y convirtiéndose en el ejemplo para otras veedurías ciudadanas. El control ciudadano está garantizado, sin embargo, no existe una legislación adecuada a la actividad de vigilancia de la gestión pública y creo que esto es algo necesario en el Ecuador. Que la vigilancia social esté tutelada por la Comisión Anticorrupción tiene sus ventajas y sus desventajas. La Comisión goza del respeto de los ciudadanos, tiene prestigio y su aval era suficiente para que la gente crea en un proceso de participación válido. Pero su limitación consiste en que toda actividad de vigilancia, por el hecho de que está bajo la tutela de la Comisión, debe ser aprobada, analizada y difundida por esta. La posibilidad de que los ciudadanos hagan el ejercicio legítimo de vigilar a la función pública, hasta el final del proceso, se ve coartado por la misma Comisión. Hasta cierto punto, también se daba en casos importantes, la presión de sectores interesados para que los resultados de las veedurías no tengan el impacto público esperado. Los comisionados de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) no están ajenos a las presiones, son ciudadanos que representan a muchos sectores y eso, a veces, podría tener alguna incidencia en los resultados. A veces, también se espera que la posición de la Comisión sea mucho más influyente luego de los resultados del trabajo de las veedurías. Debe encargarse de un seguimiento más exhaustivo, más apremiante, para que los problemas detectados y denunciados por la ciudadanía se corrijan. Pero nunca se funcionó de ese modo y la mediación de la Comisión no era positiva. De las 50 veedurías creadas, se midió el impacto que cada una había tenido en relación con las respuestas que había dado el pleno de la Comisión y se concluyó que para algunos casos se lograron los objetivos, pero para una gran mayoría de casos no se logró cambio alguno en el comportamiento de lo público. Sin embargo, las veedurías ciudadanas han ido ganando notoriedad por encima del trabajo de la Comisión Anticorrupción y ahora existen iniciativas muy interesantes sobre el control de lo público.

¿Qué es una veeduría en pocas palabras?

Es el ejercicio de nuestros derechos individuales o colectivos, para vigilar que la gestión pública se ajuste a unos principios éticos básicos y también tenga criterios como la oportunidad, la eficacia, la eficiencia, la justicia y la equidad.

¿También puede ser vigilada por la sociedad la actividad privada?

Hay una discusión interesante sobre lo público. Las feministas hicieron grandes aportes sobre esta discusión. ¿Qué es lo público?. Si te enteras que una señora le golpea su marido, la reacción inmediata es no te metas, es un asunto de familia, de un ámbito privado. Aunque le haya sacado un ojo. Pero si sumas las mujeres con un ojo sacado, vas a encontrar que eso constituye un asunto de salud pública, además que se atenta contra la integridad física y moral de una persona y se afecta en términos económicos a la productividad de una sociedad. Eso es complicadísimo de discutir, pero, en la medida en una acción tuya TIENE INCIDENCIA EN OTROS, PUEDE SER CONSIDERADA UN ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO. El transporte está en manos privadas, los choferes profesionales o “buseros”, de las cooperativas o sociedades de transporte de pasajeros, que a lo mejor no ganan mucho por cada individuo, pero que sumando pasajeros resulta en un excelente negocio. Entonces, un buen sector de la población se pelea por conseguir un cupo para ser taxista o para el transporte de pasajeros. Otro caso, la salud está en la mayor parte de los casos en manos privadas, pero es un bien público. Todo el mundo quiere hacer una veeduría al Ministerio de Salud, pero a nadie se le ocurre una veeduría a una clínica privada, donde hubo una mala práctica médica. La Federación Médica del Ecuador y los colegios de médicos en todas las provincias tienen esta conciencia de grupo que se llama “espíritu de cuerpo”, por la que nadie puede entrometerse en asuntos privados de los médicos, cuando la medicina es una actividad de carácter público. Por lo tanto, el límite entre lo privado y lo público es manejado antojadizamente, discrecionalmente, de acuerdo a ciertos intereses. Se debe hacer veeduría ciudadana de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sino ¿cómo es posible que haya tanta gente muerta en accidentes de tránsito y nadie diga nada?. O el tema del otorgamiento de licencias profesionales a diestra y siniestra ¿cómo funciona el negocio?. Se debe hacer veeduría ciudadana sobre el ejercicio de la salud privada.

¿Cree usted necesaria una ley para el ejercicio del control social?

Cuando recién empezamos a trabajar en las veedurías, uno de los argumentos por los cuales no se promovió abiertamente su creación para el control de todos los casos de corrupción, era porque en este país es muy fácil abortar cualquier iniciativa, en un dos por tres, haciendo mal uso de ella. Cuando se creó la Comisión Anticorrupción, por aquí y por allá comenzaron a reclamar la creación de comisiones provinciales anticorrupción, con las mismas atribuciones y como organismos independientes. Esto generó una larga discusión. En muchos de los casos, se querían crear estas comisiones para vigilar la gestión de un alcalde cualquiera. Entonces, era crear mecanismos de vigilancia con dedicatoria, solo para fastidiar la gestión pública de cualquier autoridad. Hay que ser claros, así cualquier iniciativa de control social pierde sentido. Lo mismo pensamos que podía ocurrir con las veedurías. Frente a la gestión equis de una persona, creas un a veeduría, pero no con el fin de hacer un seguimiento imparcial, justo, ético, sino para “sacarle el aire”. Por eso tuvimos al inicio un poco de cuidado, para que el tema no se nos fuera de las manos. Pero, en la medida en que se fue legitimando el sistema, sucedió una situación inversa. Muchas autoridades, para rodearse de un aura de pureza, piden que se cree una veeduría de su gestión, porque quieren ser transparentes. En eso también hay un riesgo, porque las veedurías ciudadanas son efectivas cuando hay un interés colectivo, movido desde la ciudadanía, para vigilar un asunto; pero, si yo como alcalde aparezco públicamente para pedir que me vigilen, es muy complicado movilizar a gente independiente, porque no siempre lo que uno está pensando es lo que motiva a los otros. Para mí como alcalde, vigilar el plan de salud es muy importante, pero puede que para la gente no sea tan importante o el tema no está entre sus intereses o motivaciones básica. Esta constatación es una pena, pero es la verdad. Creo que es el momento de darles ciertas garantías a las veedurías. Pero, todo es susceptible de ser vigilado. La gestión pública debería ser clara y transparente para todo el mundo.

¿Cuál es la propuesta de trabajo para la ciudad de Cuenca?

Partir del tema de la participación ciudadana encaminada a la vigilancia de la gestión pública. Nosotros hemos realizado unas pocas experiencias que, si las cuidamos, si les damos herramientas eficientes, pueden dar buenos resultados. Tenemos algunos ejemplos chiquitos de que sí dan resultados. Por ejemplo, en el caso de la matriculación vehicular ¿qué experiencia implementamos?. La Policía, que maneja la matriculación, toda la vida ha sido acusada de corrupción, en todo tipo de cosas, es una organización que tiene un manejo corrupto de la matriculación. En un montón de investigaciones sobre cuál es la institución más corrupta del País, la Policía Nacional está, posiblemente, siempre entre las primeras. Pensar en acciones para bajar esta percepción negativa de la ciudadanía sobre la Policía es de una complejidad enorme. Pero uno cómo ciudadano, sí puede afrontar nichos de corrupción dentro de un sistema que es corrupto. Uno de esos nichos es la matriculación vehicular. Es un servicio público al que recurren un montón de personas, que presionan para que mejore. Convocamos a todos los actores del proceso y estaban presentes hasta los tramitadores, mediante un representante e hicimos grupos de trabajo. Aplicando la metodología adecuada, se identificó entre todos cuál era el problema. Cada sector sacó a relucir sus intereses. Una vez identificado el problema, se elaboró una propuesta: la Policía Nacional estaba encargada de una labor que no podía realizar, porque su rol no es ese. Visto el problema, se pasó a discutir la estrategia para conseguir que el problema desaparezca, Desde el punto de vista del Servicio de Rentas Interno (SRI), la solución era recaudar de manera directa los impuestos por matriculación vehicular, pero sin crear una ventanilla en el SRI, porque era trasladar las enormes colas de la Jefatura de Tránsito al SRI. Allí apareció la participación de la Asociación de Bancos Privados y se abrió la posibilidad de la que la matriculación vehicular pueda ser pagada en las ventanillas de los bancos. La revisión técnica de los vehículos tampoco puede estar en manos de la Policía, porque no es una entidad pública especializada en esto. A la Policía se delegó solo el tema de la investigación del robo de vehículos. Para el usuario puede ser que no todo esté resuelto, pero para comenzar se crearán entidades que harán la revisión vehicular todo el año, por ejemplo, en Quito. Se rompió el círculo vicioso de la corrupción. Se trata de replicar esta misma modalidad para otros temas, como es la gestión pública de las municipalidades como Cuenca. Por ejemplo, el otorgamiento de los permisos municipales de construcción, que, en todo municipio, no solo en Cuenca, es un problema complicado. Se quejan los colegios de ingenieros, se quejan los colegios de arquitectos, se quejan las cámaras de la construcción, se queja todo el mundo por el mal servicio prestado. Uno de los nudos críticos, que se podría trabajar en Cuenca es mapear la complejidad del problema, sus actores y plantear salidas. Aquí se tiene una participación ciudadana muy puntual pero efectiva. Hay acciones rápidas que van a mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos y como consecuencia la calidad de vida de la gente. Eso es lo que estamos proponiendo para Cuenca en el tema del control social. Otro aspecto es el de las políticas públicas de transparencia, que tiene que ver con el marco regulatorio para el buen desempeño de los funcionarios municipales. Hay cosas que han avanzado, como los códigos de ética, eso es como un ámbito. El otro es ¿cómo introducir políticas de transparencia en los espacios municipales?. Por decir algo, en la política pública municipal de salud o en la educación. La política pública tiene la virtud de que es concreta, con recursos y con actores, entonces es más visible, tangible y allí se pueden construir indicadores de transparencia. Así también, se puede plantear la introducción del enfoque de género.