La información pública es un bien para uso de todos los ciudadanos
Por Hernán Rodríguez Girón
Publicado en Diario El Mercurio, el viernes 30 de septiembre de 2005, Página 6A, Cuenca
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la LOATIP en el Ecuador?
Transparencia Internacional determinó que el nivel de cumplimiento de la LOTAIP es bastante limitado a esta fecha en el Ecuador. Las instituciones llamadas a cumplirla, con la publicación de su información, principalmente por medio de una página web, lo hacen en un 12% lo cual es inaceptable. El plazo que establecía la Ley para la publicación de la información ya se cumplió, pero no tenemos agentes de control, que puedan ejercer su autoridad coercitiva. El otro factor que hay que analizar con respecto a ella, es que depende su éxito de un alto nivel de participación ciudadana, que en el País está muy limitada. Exceptuando la acción de instituciones muy puntuales, que se han agrupado a través de la Coalición Acceso, el resto de la ciudadanía no acoge los términos de la LOTAIP, no la aplica. Esta Ley depende del individuo, del ciudadano, que haciendo uso de las herramientas normativas, debe ejercer su capacidad de contraloría social.
¿Con que herramientas cuenta Transparencia Internacional para facilitar la implementación de páginas web?, porque ese es el principal reclamo de las municipalidades, que no hay recursos para aplicar la Ley.
En el tema del cumplimiento a través de las páginas web, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que se necesitan grandes recursos para transparentar la información. El costo de poner en red un portal de Internet no es mayor y si uno lo relaciona con el costo administrativo regular de cualquier institución, por pequeña que sea, no es un rubro significativo. Además, el estado ecuatoriano, a través de la Comisión Nacional de Conectividad, adscrita al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ya dio las herramientas para que las instituciones públicas cumplan con la LOTAIP. Por ejemplo, se establecieron los principios de cumplimiento y una guía que debe seguir el funcionario público. Ya se están generando portales modelo, que pueden ser donados a cualquier institución, para que los pongan en línea con información específica. Para cumplir con la Ley no solo pasa por poner información en la web, también se pueden implementar casetas informativas, rotativos, cadenas de correos electrónicos, llamadas telefónicas y el simple cumplimiento de las solicitudes de acceso, que es quizá lo más importante. Lo que más fortaleza le da a esta norma es que un ciudadano puede tranquilamente acercarse a una institución pública y recabar la información que requiere o que simplemente tiene curiosidad por conocer.
¿Con quién pueden ponerse en contacto, instituciones e individuos, para acceder a estos instructivos?
Directamente con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con la Comisión Nacional de Conectividad y si no quieren hacerlo a través de la función pública, pueden acercarse a las organizaciones de la sociedad civil que hemos estados trabajando en este tema, con Transparencia Internacional o con la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), que somos parte de la Colación de Acceso a la Información Pública. La página web de la CLD es www.cld.org.ec. La página de la Coalición Acceso es www.coaliciónacceso.org.ec
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la LOTAIP en la provincia del Azuay?
El Austro está muy cerca del promedio nacional. Lo que sí hemos percibido es que hay mucho interés por parte de la sociedad civil, en promover su cumplimiento. Como Transparencia Internacional estamos promoviendo un proyecto que se llama “Cheque por Cheque”, que lo que hace es efectivizar el cumplimiento de la Ley, para la publicación de la información financiera de las instituciones, pero no de una manera general y abierta, que es una mala práctica en el acceso a la información. Lo que nosotros buscamos es que la institución pública publicite los gastos incurridos, asociándolos con una partida específica, con un beneficiario y un monto. En el caso del Austro, el Observatorio de Políticas Fiscales, a través de OFIS, está colaborando en esta iniciativa.
¿Considera usted que existen avances en la aplicación de la LOTAIP?
De a poco. Hemos tenido éxitos importantes. Por ejemplo, en el nivel de la capacitación. Eso yo creo que es muy importante, porque muchas veces nos quejamos sobre la gestión de los funcionarios públicos, pero el funcionario a veces tiene que realizar su trabajo en condiciones bajas, no tiene suficientes recursos para cumplir con sus función, tampoco tiene capacitación. La LOTAIP requiere algún nivel de capacitación para su cumplimiento. Otra cosa que nos interesa mucho de la Ley es su difusión hacia la sociedad. En el país ya existe conciencia, el siguiente paso es la acción.
¿Insiste en considerar que existen avances?, a pesar de que el incumplimiento es evidente.
Tenemos una dualidad en el régimen seccional. Es el responsable en gran medida del desarrollo de este país. Porque, a pesar de que nos quejamos del centralismo y de la concentración, los regímenes seccionales se han fortalecido. Ha habido muchas iniciativas para descentralizar, desconcentrar y generar procesos de autogestión. Pero el problema es que esta autogestión pasa normalmente por la capacidad individual, un poco una suerte de cacicazgos locales que se han comprometido con ciertos niveles de autogestión; por eso es que es tan difícil la relación entre la colectividad y estos grupos locales de poder, que son los que bien o mal han conducido estos procesos de autogestión, pero también se han beneficiado de ellos. Creo que Guayaquil es el caso más latente de esta situación. En efecto, la ciudad tiene un gran progreso, pero pasa por muy pocas manos. Todo el trámite de este progreso, su implementación, tampoco fue transparente, ni hay un proceso de rendición de cuentas, de contraloría social.
¿Qué futuro tiene la LOTAIP?
Creo que tiene la fortaleza de ayudarnos a relativizar el concepto de ciudadanía. Existe una gran separación entre el imaginario colectivo, en la conciencia ciudadana, entre lo que significa el ciudadano y el Estado. El ciudadano es muy apático frente a la función pública, frente a las estructuras político-institucionales del Ecuador. La Ley nos da una herramienta para involucrarnos en ese funcionamiento y conocerlo, para tratar de cambiarlo. La Ley obliga al ciudadano a salir de esa apatía, para tratar de involucrarse en procesos de cambio.
¿Sigue teniendo validez los documentos secretos o el concepto de confidencialidad?
Hay que diferenciar primero entre INFORMACIÓN FINAL y la que todavía está EN PROCESO DE SER CREADA. Esto es muy importante en términos de contratación pública. Por ejemplo, cuando uno está presentando ofertas, porque hay información que debe ser interpretada con normas de cálculo para sacar una ponderación final, entonces esa información todavía tiene cierta restricción. Fuera de esas pequeñas salvedades técnicas y fuera de las tipificaciones claras que tiene la LOTAIP, sobre que información es confidencial y reservada, que se refiere básicamente a derechos humanos, individuales y colectivos, a la seguridad nacional, al sigilo bancario y un par de cosas más, el resto es información pública que la ciudadanía en general tiene el derecho y la obligación de recabar. Lamentablemente, las políticas de contratación pública en el país todavía son arcaicas. El funcionario público tiene la percepción de que él es el propietario de la información y no un mero administrador. La información es del público y debe estar en las manos de él, si es que él la desea, el otro es simplemente un guardián. No existe la cultura procedimental de dar respuestas completas y se refieren a secreto, sigilo, interés institucional: diferentes mecanismos para evitar que existe un acceso libre y general a la información.
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