Primer recurso judicial para exigir información pública

 

Por Hernán Rodríguez Girón

Publicado en Diario El Mercurio, el sábado 24 de diciembre de 2005, página 6A, Cuenca

CUENCA, Ecuador (24/12/05).- El primer recurso de acceso a la información pública, en contra de la Municipalidad de Cuenca, el alcalde Marcelo Cabrera Palacios y el procurador síndico municipal, Dr. José Peña Ruiz, fue planteado ante los ministros de la Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Azuay por la Asociación de Parroquias Rurales, representadas por Rubén Calle Mejía.

El recurso cuenta con el auspicio de la Defensoría del Pueblo y reclama la presentación inmediata de la información de todos los gastos y erogaciones por todo concepto, con respecto a la organización, promoción y realización del programa artístico del Tres de Noviembre de 2005, que se realizó en Parque Miraflores por parte del Comité Permanente de Festejos de la Municipalidad de Cuenca y que, según el demandante lo “autodenominó” la concejal Lucía Cardoso como “Elección de la Chola Cuencana”.

La Asociación de Parroquias quiere estar informada sobre otros nueve aspectos de la mencionada elección, entre ellos el sustento legal para que esta elección se realice. Como antecedente, la Asociación de Parroquias Rurales presentó al alcalde Marcelo Cabrera una petición de acceso a la información pública, con fecha 1 de noviembre, con respecto al acto que se iba a realizar el 3. La respuesta se recibió el 5 de diciembre, de parte del secretario municipal, adjuntando un escrito de la concejal Lucía Cardoso, con información desordenada y muy limitada, que en ningún caso cumplía con lo solicitado, ratificándose así la negativa tácita de la municipalidad a presentar toda la información requerida, explica Rubén Calle, el representante de APRC.

Para la Asociación se trata de una flagrante violación a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento y como organización ciudadana hará respetar sus derechos. El alcalde de Cuenca se ha justificado diciendo que el tema de la elección de la Chola Cuencana no pasó por sus manos y corresponde a las debidas instancias municipales explicar y entregar la información que sea necesaria. “Si yo tengo que intervenir, intervendré, porque estos son recursos públicos. Intervendré y se entregará toda la información”. Con el recurso interpuesto, ante los jueces de lo Civil, pues el alcalde tendrá que intervenir. El desenlace final tendría que ser la entrega completa de la información, tal como solicita la Asociación de Juntas Parroquiales de Cuenca.

Rubén Calle, presidente de la Asociación, explica las razones por las cuales su organización se ha visto obligada a iniciar el recurso, que además en una primicia en la provincia:

¿Cuáles son los antecedentes de la petición y el posterior recurso?

Inicialmente, solicitamos al alcalde nos conceda toda la información que corresponde a un acto paralelo a la elección de la Chola Cuencana, que se realizó en Miraflores. En esa solicitud pedimos el detalle completo de los gastos de las personas contratadas, de todas y cada una de las erogaciones que se hicieron por este motivo, así como la nómina de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el evento y el fundamento legal sobre el cual se levantó el espectáculo. Sin embargo, luego de transcurridos más de 30 días de su realización, no hemos recibido sino 4 copias de unas facturas, devueltas por la concejal Lucía Cardoso. No se cumplió con todos y cada uno de los pedidos y eso nos obligó a presentar una demanda ante el juez de lo Civil, porque no vamos a seguir insistiendo en solicitudes, cuando vemos que se trata de ocultar, de esconder la información, con el objetivo de evitar las responsabilidades civiles y penales que tienen que enfrentar aquellos que han actuado al margen de la Ley.

¿Qué disposiciones legales se violentaron con la elección de la Chola en Miraflores?

Hubo un desacato completo a la Ley y a las ordenanzas municipales. La Constitución de la República dispone que todo funcionario público está obligado a acatar esa Constitución, las leyes de la República, las ordenanzas municipales y los reglamentos. Está vigente una Ordenanza para la elección de la Chola Cuencana, que no fue acatada por la concejal presidente del Comité Permanente de Festejos. De parte del concejal Iván Saquicela se han hecho pronunciamientos públicos y es el alcalde el que permitió esta situación. Aparte de ello, se violentaron normas, procedimientos, en cuanto a inversión de recursos en la ciudad, que maneja el Comité y que han sido utilizados para desacatar la ordenanza, con fines de proselitismo político partidista muy evidentes y demostrados; aparte de eso se generó un gran conflicto social al dividir a las parroquias. Ahora encontramos malestar en las juntas parroquiales, malestar en las propias parroquias, por esta situación.

¿Cuál fue la respuesta del alcalde frente la presentación de la petición de acceso a la información pública, antes de que iniciaran el recurso?

De parte del alcalde no hemos recibido ninguna respuesta. Lo que sí recibimos es una comunicación del secretario municipal, que corre traslado de una comunicación de la concejal Lucía Cardoso, con 4 copias de unas facturas que han sido emitidas por algunos proveedores, pero que no hacen razón a todos los gastos que se dieron con este motivo.

¿En qué gastó el municipio según estas facturas?

No se clarifica nada. No se dice de dónde salieron los recursos, simplemente se adjuntan 4 copias. No se dice cuáles fueron los costos totales en relación a todos los rubros, como el transporte. Nosotros tenemos firmado, suscrito, por personas que fueron contratadas de las parroquias, para traer, para movilizar gente y otros gastos que se hicieron y no se detallan. Solo se hace alusión al dúo Miño Naranjo y no se hace alusión a una cantidad de otros artistas que se presentaron con este motivo. Tampoco se hace alusión a lo que hemos pedido, ¿cuál fue el papel del funcionario Diego González, promotor de eventos en este caso y de otros funcionarios que participaron directamente en esto?- Vemos que esto estuvo armado mucho antes de que surja dicha polémica.

¿Qué esperan obtener con el recurso ante el juez de lo Civil?

Toda la información. Es lo que manda la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Luego, con esa información, iniciaremos las acciones civiles y penales que correspondan.

¿Cuál es el objetivo final de este primer recurso que se activa en el Azuay?

Des empoderar a los funcionarios públicos, electos o de nombramiento, sobre lo que significa la posesión o custodia de la información de una entidad pública, que es información que le pertenece al pueblo, a la ciudadanía y no a ellos. Si los recursos también son de la ciudadanía, entonces se trata de recuperar la capacidad de conocimiento sobre el manejo de esos recursos que debe tener la ciudadanía. Antes, ya tuvimos otro inconveniente con ETAPA, con la negativa a entregar cierta información respecto a un caso concreto, el Proyecto Yanuncay. Vemos que hay una reticencia de los funcionarios públicos a entregar información que no es de ellos, que tampoco es de las entidades públicas, es de la ciudadanía. Queremos sentar un precedente para que todas las instituciones públicas entreguen toda la información, que sepan que son aves de paso, que están en esos cargos por situaciones de la política, eventualmente en funciones, que luego, volviendo a ser ciudadanos van a tener esa misma necesidad de conocer todo.

¿A qué cree usted que se debe la recurrente actitud de la municipalidad de Cuenca durante la actual administración?

Pienso que es fruto de una conducta que existe en nuestro país y que tiene una trayectoria, donde la función pública cree que es dueña de los recursos y de la información pública. Además, los errores que se podrían calificar en el mejor de los sentidos y que se cometen en la administración pública, tienden a ser tapados, ocultados, al no permitir el acceso a la información. El poder de la ciudadanía está en acceder a la información pública. Hay que ver que existe esta negativa, esta reticencia a entregarla, pero creo que se debe ir generando la conducta contraria, porque los administradores públicos solamente están de paso.

¿Es el recurso de la Asociación el primer caso civil para que se cumpla el derecho de petición?

Si es que es así esperamos sentar un precedente, para que muchos otros sectores comiencen a hacer uso de este derecho. Esto no es una amenaza, ni tiene porque generar malestar, ni inconveniente alguno a los funcionarios municipales o de cualquier otra institución. Este es un ejercicio ciudadano y para eso son las leyes, para ejercerlas.